Publicado en el diario La Razón, de Lima-Perú, el 04 de Marzo de 2008
A Colombia le asiste la razón y el derecho
Ricardo Sánchez-Serra
La muerte del cabecilla terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Luis Edgar Devia "Raúl Reyes", por parte de las Fuerzas Armadas colombianas en territorio ecuatoriano, encendió la pradera. Lo que extraña es que gobiernos de naciones cercanas y lejanas no se regocijen de la muerte de un terrorista, sino que cuestionen la incursión colombiana.
Esta actitud puede ser causada por la desinformación sobre lo que es la banda terrorista de las FARC, por conveniencia ideológica o por el petróleo de Chávez.
Ecuador sostiene que fue agredido y reaccionó expulsando al embajador colombiano. No mantuvo la cordura debida entre dos naciones hermanas y tradicionalmente unidas. Y si se quiere apegar al Derecho Internacional, tampoco tomó en cuenta que en su territorio albergaba a los terroristas de las FARC, hecho condenable por la comunidad internacional.
La Resolución 2625 (XXV) del 24 de octubre de 1970, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, señala que "todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar o fomentar la organización de fuerzas irregulares o de bandas armadas, incluidos los mercenarios, para hacer incursiones en el territorio de otro Estado. Todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar, instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o en actos de terrorismo en otro Estado, o de consentir actividades organizadas dentro de su territorio encaminadas a la comisión de dichos actos cuando los actos a los que se hace referencia en el presente párrafo impliquen el recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza".
La situación para Ecuador empeora al evidenciarse entre los documentos incautados a los terroristas compromisos entre el presidente Rafael Correa y el grupo subversivo, sobre todo teniendo de mensajero al ministro de Seguridad, Gustavo Larrea.
El presidente Uribe continuamente informaba a su colega ecuatoriano de la presencia de terroristas de las FARC en territorio ecuatoriano y, asimismo, de la estadía de "Raúl Reyes", hechos que Correa negaba.
Colombia tenía que protegerse y apeló al principio de la legítima defensa, consagrado en el Derecho Internacional y en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y, asimismo, en la Autoprotección.
Entonces, desde territorio ecuatoriano las huestes terroristas de las FARC atacaban objetivos colombianos y luego regresaban a sus guaridas, que contaban con el manto protector de la frontera y, de acuerdo con las informaciones de las computadoras incautadas a las FARC, del gobierno ecuatoriano. Ante esta irregularidad, Colombia no podía quedarse con los brazos cruzados y tomó un camino que le da el Derecho Internacional.
Alfred Verdross, especialista en Derecho Internacional, afirmaba que "el derecho de los estados de protegerse excepcionalmente a sí mismos en territorio extranjero es admitido por la práctica internacional. Así, por ejemplo, el buque norteamericano Caroline fue destruido por fuerzas británicas en aguas norteamericanas porque ayudaba regularmente a los rebeldes de Canadá, sin que Estados Unidos hiciese algo para impedirlo. El caso es de una importancia mayor porque, si bien Estados Unidos protestó, reconoció al propio tiempo que tal medida hubiera sido perfectamente justificada de haberse tratado de vencer un peligro inminente y grave, no susceptible de ser evitado de otra manera, y siempre que no se traspasaran los límites absolutamente necesarios. Más recientemente, este principio ha sido confirmado por el Tribunal Militar de Nuremberg, en todo caso a favor de los beligerantes".
Disculpas
La reacción del Perú en el conflicto entre Ecuador y Colombia ha sido acertada. El presidente Alan García planteó una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para establecer compromisos claros en la región en defensa de la democracia, la no intervención y la colaboración en la lucha contra el terrorismo. Pero, antes de que intervenga la CAN, OEA o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mejor que los involucrados lo arreglen bilateralmente.
Si hay que pedir disculpas, éstas tienen que ser mutuas y deben agotarse todos los medios pacíficos para la solución de las controversias.
¿Y Chávez? La comunidad internacional debe darle un ultimátum para que cese su mesiánica penetración ideológica y el apoyo a los grupos terroristas.
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