http://larazon.pe/2018/11/21/alan-vizcarra-y-uruguay/
Alan, Vizcarra y Uruguay
Ricardo Sánchez Serra
Las medidas
draconianas del Poder Judicial de clavar tres años de prisión preventiva por
indicios de delitos en el caso de la corrupción de Odebrecht. que el acusado
pruebe su inocencia y que estas medidas no se apliquen por igual para todos los
actores -a todas luces injusto y discriminatorio- es indefendible en el
concierto internacional.
Que al Poder
Judicial se le escape la tortuga, por su inacción en los casos del exmandatario
Alejandro Toledo y del ex vocal supremo César Hinostroza, no es motivo para
justificar medidas draconianas, como los tres años de prisión preventiva y
poder extenderlo otros tres: ¡Seis años para investigar y preso el acusado!
Hay una polémica en
el caso de la solicitud de asilo político a Uruguay por parte del expresidente
Alan García, pero la discusión, lejos de ser netamente jurídica, se ha
convertido en hígado-emocional e ideologizada que llega hasta trompadas en las
calles, como la agresión brutal al excongresista Luis Alva Castro, sin
contemplar su avanzada edad y enfermedad (sufre de Alzheimer).
El Estado uruguayo
califica si otorga el asilo o no. No
puede haber injerencia de ningún país, porque es un asunto soberano. El
líder aprista se considera un perseguido político ¿Lo es? Creo sinceramente que
el gobierno del presidente Martín Vizcarra defiende las libertades y nadie
tiene por qué sentirse perseguido.
El caso de
solicitar la cabeza del doctor Pedro Chávarry, Fiscal de la Nación, es una simple
apreciación personal. No puede ser ejemplo de “persecución”. Hay libertad de
opinión. Si el Ejecutivo hubiera intervenido la Fiscalía de la Nación, otro
sería el cantar. Pero no ha sucedido.
Si hay un fallo del
Poder Judicial que atenta contra las libertades o contra el debido proceso, el
perjudicado apela a cortes internacionales, en donde se enjuicia al Estado
Peruano. Ojo. No al gobierno de turno. Al Estado.
García se siente
afectado en sus derechos y dice ser un perseguido político. Dicha persecución
no es del Gobierno de Vizcarra –es absurdo sostener lo contrario- pero sí desde
el Poder Judicial. Entonces, siguiendo el mismo razonamiento, es el Estado responsable
de esa supuesta persecución.
Lo político y el
tinte ideológico están cubriendo lo jurídico y el raciocinio. En caso Uruguay
–tradicional defensor del derecho de asilo y humanitario- otorgue el asilo,
como se prevé, y solicite el salvoconducto para García, el Perú debe
otorgárselo de acuerdo a la Convención
de Caracas de 1954, que el Perú y el Uruguay son firmantes. Es seguro que el
profesional Torre Tagle lo recomendará al presidente.
Lo demás son
elucubraciones políticas. Ya “ilustres” juristas o que fungen de jurist
as, se
encuentran pidiendo que el presidente no lo otorgue por razones no jurídicas y así
no menoscabar su lucha contra la corrupción. A Vizcarra le sobra muestras de
luchar contra la corrupción. Solo debo decir que el Perú debe honrar lo firmado
y demostrar ser respetuoso de los tratados.
Para nada defiendo
a García, que no se confunda. Es más, hasta ahora recuerdo su primer gobierno
que me afectó profundamente en lo personal y familiar, y que destrozó al Perú.
Se necesita mucha
madurez por parte de los peruanos para entender los problemas y que penosamente
la mayoría no reflexiona porque está contagiada de odio e intolerancia.
Mis intenciones
serán malentendidas, seguro, por mentes ideologizadas y de odio, reitero, pero
el Perú está primero. Asimismo, las relaciones con la hermana República
Oriental del Uruguay, que tome la decisión que fuere, no deben ser enturbiadas,
ni por el vuelo de un bicho.
Nuestros países
coinciden en política exterior, en defensa de los derechos humanos, el
integracionismo regional, el Derecho Internacional y el multilateralismo. Es
importante señalar que Uruguay nos ha dado muestras de solidaridad en toda la
historia, desde la gesta independentista.
@sanchezserra
