11 dejulio de 2012
Señor Rector:
La Santa Sede ha seguido con particular
atención la evolución de la situación de la Pontificia Universidad Cató1ica del
Perú. (PUCP), especialmente tras la Visita canónica del Emmo. Card. Peter Erdo
y su visita a Roma el pasado 21 de febrero.
Durante la conversación que mantuvimos
en aquella oportunidad, por mandato del Santo Padre le comuniqué, en sustancia,
la ‘exigencia legal’ de adecuar los Estatutos de esa Universidad a la
legislación canónica de la Constitución Apostó1ica Ex Corde Ecclesiae, como
debería haberse hecho ya desde 1990.
Ese ha sido en todo momento el claro
requerimiento que la Santa Sede les ha hecho como obvio requisito para que sean
reconocidas y garantizadas adecuadamente la identidad y la misión específicas
de esa Universidad.
He sido informado detalladamente par el
Nuncio Apostó1ico en el Perú, Su Excelencia Monseñor James Green, de las
reuniones que han tenido en la sede de la Nunciatura Apostó1ica, así como de
sus propuestas. Atendiendo al pedido que Usted le hizo, se amplió el plazo para
la adecuación de los Estatutos desde el 8 al 18 de abril último.
Debo comunicarle ahora la notable
decepción con que esta Secretaria de Estado ha ido percibiendo la orientación
que ese Rectorado daba a la problemática, particularmente en la carta N.
068/12.R del 13 de abril de 2012 y en la sorprendente carta N. 095/12.R, del 9
de mayo de 2012, publicada como ‘Aviso’ en el Diario ‘La Republica’ el 11 de
mayo de 2012. Llama particularmente la atención el modo de presentar en ella
las indicaciones recibidas de la Santa Sede y el papel desempeñado por el
Arzobispo de Lima. Esa interpretación ha sido causa de desinformación para la
comunidad universitaria, para los fieles y los ciudadanos en general.
Como he tenido modo de expresarle antes,
la situación irregular que viene atravesando la Universidad no es reciente y ha
sido materia de seria preocupación de los tres últimos Arzobispos de Lima, no
solamente del actual. La Universidad ha venido incumpliendo las disposiciones
legales establecidas, que se ha advertido reiteradamente por escrito.
Consta en nuestros archivos que los
últimos Estatutos de la PUCP fueron aprobados, como corresponde a una
Universidad Pontificia, por la Sagrada Congregación de Seminarios y
Universidades en 1946 y a ellos se han ido incorporando modificaciones
aprobadas por la misma Congregación en los años 1957, 1964 y 1967.
Desde la última fecha, las Autoridades
de la mencionada Universidad, sin previa y necesaria aprobación de la Santa
Sede, han realizado múltiples y sustanciales modificaciones de los mismos
perjudicando gravemente los derechos de la Iglesia. A la luz del Acuerdo
vigente entre Perú y la Santa Sede y del Derecho Canónico consideramos que
dichas modificaciones son ilegítimas y que a través de ellas se está ocasionando
un expolio a la Iglesia.
Habiendo recibido de su parte una
respuesta negativa al requerimiento de la Santa Sede, debo constatar que en las
Autoridades de la Universidad que Usted regenta no hay voluntad de corregir esa
arbitrariedad, y que pretenden que la Iglesia renuncie a sus legítimos derechos
al servicio de la educación católica.
Esta actitud no reconoce la legítima
autonomía de que goza la Iglesia para organizar sus instituciones educativas,
como es el caso de la PUCP, en total observancia de las leyes civiles vigentes
en el País y del Acuerdo entre el Estado peruano y la Santa Sede. La autonomía
de las Universidades Católicas ha sido siempre plenamente reconocida por la
Iglesia, dentro del ámbito de sus normas, porque el necesario aporte de la
libertad es imprescindible para una sana actividad de estudio e investigación
comprometida en la búsqueda de la Verdad, empeño que debe presidir todo
esfuerzo por ampliar las múltiples dimensiones del conocimiento y del saber.
Por el contrario, dejando de lado el
requerimiento que ha sido hecho a esa Universidad de acomodarse a la ley
canónica, del todo compatible con la legislación peruana, ese Rectorado
responde que, como ‘premisa’ para adecuarse a la ley de la Iglesia es necesaria
una ‘negociación’ con el Arzobispado de Lima que impida el control de este
sobre la administración del patrimonio de la Universidad.
Sobre este punto se han pronunciado los
tribunales del Perú. Se trata de un derecho-deber a favor de la Iglesia de
Lima, que busca sólo garantizar la transparencia y ejemplaridad en dicha
administración patrimonial y su adecuación a los fines fundacionales de esa
Universidad. Son objetivos que interesan por igual a todos los fieles de esa
comunidad eclesial.
Sorprende aun, el hecho que ese Rectorado
anteponga un problema ‘que, al fin y al cabo, es exclusivamente un asunto de
bienes materiales’, como decía Usted en su carta del pasado 13 de abril, al
deber que esta Secretaria de Estado le recordaba de observar la legalidad
eclesial.
Ambas cuestiones poseen su propia
autonomía. Una ‘solución integral’, como Usted dice, que no respete los
elementos de justicia que hay en una cuestión y en la otra, representa una
solución contraria a la justicia. La primera exigencia, incondicional, que esa
Universidad tiene que cumplir es la de ajustarse al Derecho y adecuar sus
Estatutos a la legislación canónica.
A la luz de cuanto he escrito y después
de tantos años de diálogo y tentativos para restablecer la legítima autonomía
propia de una Universidad Católica, la Santa Sede se ve obligada a adoptar las
necesarias medidas en relación con esa Universidad.
A la presente carta le adjunto el
Decreto de la Santa Sede al respecto. A Usted, Sr. Rector, le incumbe una
concreta responsabilidad en la presente situación ya que, por razón del cargo,
tiene la misión de hacer cumplir en la comunidad universitaria las leyes y
disposiciones de la Iglesia.
Con todo el respeto le saluda
atentamente y le encomienda
Tarcisio Cardenal Bertone
Secretario de Su Santidad
Tarcisio Cardenal Bertone
Secretario de Su Santidad
No hay comentarios:
Publicar un comentario